Sin embargo, el motivo del referendo no es mera filantropía. Los partidarios de abolir la pena dicen que se trata del precio que pagan los contribuyentes por mantener y ejecutar los crímenes más terribles.
Los activistas estimaron que desde 1978, año en que se reanudaron las ejecuciones, el estado gastó más de 4.000 millones de dólares para matar a 13 condenados, es decir, más de 300 millones por cabeza. Dado que la última ejecución fue perpetrada en 2006, abogan que cancelar la pena, lo que permitirá ahorrar 130 millones de dólares anuales.
California es uno de los estados más afectados por la crisis económica. Su déficit presupuestario es de más de 600.000 millones de dólares, se registran impagos multimillonarios a escuelas y colegios, y las medidas de ahorro llegan hasta los recortes de salarios.
En este ámbito varios sondeos pronostican que la gente podría apoyar la propuesta. Mientras tanto, más de 700 condenados del corredor de la muerte esperan su destino. En caso de que la población vote 'sí' en las elecciones generales, su sentencia será sustituida automáticamente por la cadena perpetua sin posibilidad de indulto.
California es uno de los 35 estados de EE. UU. donde existe la pena de muerte. En varios de estos estados está vigente una moratoria.