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España: Afectados por hipotecas desconfían del pacto político para frenar los desalojos
El anuncio sobre el pacto de adopción de medidas urgentes para frenar los desalojos de viviendas en España, acordado este miércoles por el PP y el PSOE fue percibido con "desconfianza y escepticismo" por los afectados.
El Gobierno de España y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la mayor formación de la oposición, anunciaron haber acordado medidas legales urgentes contra los desahucios de viviendas que afectan a alrededor de 400.000 familias.
Según informaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, la intención es articular medidas "preventivas y paliativas", que tengan el máximo consenso y que presten una atención preferente a las familias en situación más vulnerable.
A su vez, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) consideró en un comunicado que "aún no se ha concretado en qué consistirá esa reforma urgente". "Los comentarios realizados por los portavoces del Gobierno y la propuesta de ley avanzada por el PSOE nos hacen temer lo peor: que de nuevo nos encontraremos con alguna medida insuficiente, que como mucho será útil para aquellas personas que aún no se encuentren en procedimiento de ejecución", indicó la organización.
"En ningún momento, ni el PP ni el PSOE están hablando de medidas retroactivas o que den respuesta a la gente ya afectada; es decir, los cientos de miles de personas que ya están sufriendo la injusta ley hipotecaria y los desahucios: 400.000 son las ejecuciones hipotecarias ya iniciadas en el estado Español desde 2007", manifiesta la citada plataforma.
Para la organización, todos los intentos del Gobierno y el PSOE de arreglar la situación hasta el momento han sido un "absoluto fracaso".
Según la actual legislación de España, si uno no es capaz de pagar las cuotas de la hipoteca, el banco o la entidad financiera prestataria tiene derecho de embargarle la vivienda y seguir exigiendo el pago de la deuda hasta que se salde la misma.
El pacto se produce en medio de un gran debate social y un creciente malestar por el elevado número de familias afectadas que al perder el trabajo no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. El índice de desempleo asciende en España a un 25% de la población activa.
Según informaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, la intención es articular medidas "preventivas y paliativas", que tengan el máximo consenso y que presten una atención preferente a las familias en situación más vulnerable.
A su vez, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) consideró en un comunicado que "aún no se ha concretado en qué consistirá esa reforma urgente". "Los comentarios realizados por los portavoces del Gobierno y la propuesta de ley avanzada por el PSOE nos hacen temer lo peor: que de nuevo nos encontraremos con alguna medida insuficiente, que como mucho será útil para aquellas personas que aún no se encuentren en procedimiento de ejecución", indicó la organización.
"En ningún momento, ni el PP ni el PSOE están hablando de medidas retroactivas o que den respuesta a la gente ya afectada; es decir, los cientos de miles de personas que ya están sufriendo la injusta ley hipotecaria y los desahucios: 400.000 son las ejecuciones hipotecarias ya iniciadas en el estado Español desde 2007", manifiesta la citada plataforma.
Para la organización, todos los intentos del Gobierno y el PSOE de arreglar la situación hasta el momento han sido un "absoluto fracaso".
Según la actual legislación de España, si uno no es capaz de pagar las cuotas de la hipoteca, el banco o la entidad financiera prestataria tiene derecho de embargarle la vivienda y seguir exigiendo el pago de la deuda hasta que se salde la misma.
El pacto se produce en medio de un gran debate social y un creciente malestar por el elevado número de familias afectadas que al perder el trabajo no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. El índice de desempleo asciende en España a un 25% de la población activa.
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