El incidente penitenciario más grave de los últimos cinco años en México tuvo lugar en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 del Estado de Durango, al norte de México, donde cumplen sus condenas tanto presos comunes, como de alta seguridad.
A eso de las 06.50 hora local (11.50 GMT), justo antes del desayuno, la locura total se apoderó de la cárcel. Un estallido de violencia espontánea se produjo en tres sectores de la prisión: en el área de los sentenciados, en la de los procesados y en la del control de procesos, donde están los presos recién llegados. Las autoridades, representadas por el conjunto de la Policía Federal, el Ejército y las fuerzas de seguridad estatales, consiguieron recuperar el control de la cárcel en menos de 30 minutos, pero este tiempo bastó para que 23 reclusos perdieran la vida. Todos murieron por heridas causadas por armas blancas de fabricación manual. Los internos muertos tenían entre 19 y 49 años.
Ya están identificados todos los internos fallecidos, gracias a las presiones por parte de los familiares de los reclusos, que empezaron a congregarse en los alrededores del penal. La lista oficial que detalla los nombres ya está disponible.
Hasta ahora no se sabe con total seguridad cuáles fueron las causas que provocaron la pelea. Se afirma que previamente se produjo un altercado entre dos cárteles rivales de drogas, pero no se revela de qué grupos criminales se trata. También se sospecha que pudieron ser muertes por encargo, por la existencia de armas tan bien preparadas y los tres brotes de violencia surgidos de forma tan simultánea.
Las investigaciones ya han dado a conocer datos preocupantes, como el hecho de que la cárcel, que tiene capacidad para 1.800 presos, aloja a más de 2.400. Los penales de Durango que "son centros de baja y mediana seguridad" tampoco están hechos para "atender internos de alta peligrosidad", según apuntó hace meses el titular estatal de Seguridad Pública, Jorge Castillo. A causa de la sobrepoblación y un número de vigilantes demasiado bajo, la Comisión de Derechos Humanos de Durango emitió una recomendación a las autoridades de la prisión el año pasado. Sin embargo, las modificaciones de infraestructuras necesarias no se han efectuado por falta de presupuesto. Así que el estallido de un drama similar parecía solamente una cuestión de tiempo según comentan los expertos, aunque nadie esperaba uno de semejante escala.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó su propia investigación con el propósito de averiguar todos los detalles de lo sucedido y también esclarecer lo que está ocurriendo en los penales duranguenses en general, pues desde 2008 hasta el día de hoy han ocurrido 71 muertes violentas, mientras que el número total para el resto del país durante el mismo periodo es de 62.
Durango está ubicado en el llamado "triángulo dorado de las drogas" de México, en el que operan diversos cárteles. En consecuencia, en sus prisiones coinciden reos de facciones enfrentadas que, además, luchan por el poder dentro del penal.