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Brasil extradita a Argentina a un ex represor uruguayo

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El 23 de enero de 2010 las autoridades de Brasil extraditaron a Argentina el ex militar Manuel Cordero Piacentini, acusado de cometer delitos contra la humanidad.
Brasil extradita a Argentina a un ex represor uruguayo

El 23 de enero de 2010 las autoridades de Brasil extraditaron a Argentina el ex militar Manuel Cordero Piacentini, acusado de cometer delitos contra la humanidad.

Le acusan de haber participado en la Operación Cóndor llevada a cabo por las dictaduras suramericanas. Cordero, de 71 años de edad, está imputado por hacer desaparecer a diez personas, secuestrar a una niña, participar en 32 casos de torturas contra detenidos en un centro clandestino y estar implicado en los asesinatos de dos parlamentarios uruguayos en 1976 en Buenos Aires.

El ex militar fue detenido en Brasil en febrero de 2007. Uruguay y Argentina solicitaron su extradición y en agosto del 2009 el STF (Supremo Tribunal Federal de Brasil) dictaminó en favor del segundo país, ya que los presuntos delitos habían sido cometidos allí.

Sin embargo, la extradición fue aplazada a causa de problemas de salud del acusado. La autorización para dejar el hospital Casa de Saúdeen, en la ciudad de Santana de Livramento, donde había sido ingresado por problemas cardiacos,  no se recibió hasta el 22 de enero, bajo la garantía por parte del Gobierno argentino de que en Buenos Aires el militar retirado cotinuará con su tratamiento médico.

Corderofue trasladado en una ambulancia desde Santana do Livramento. En Uruguaina, ciudad fronteriza con Argentina, fue sometido a un nuevo examen médico y entregado a agentes argentinos para ser llevado a Buenos Aires  también en una ambulancia.

La extradición coincide con un debate público, que se mantente actualmente en Brasil, en cuanto a la propuesta de revisar la ley de amnistía de 1979 hacia abusos de los derechos humanos cometidos durante el régimen militar entre 1964 y 1985. La iniciativa pertenece al presidente del país, Luís Inácio Lula da Silva, que planteó crear una comisión para investigar tales crímenes.

A diferencia de Argentina y Chile, en Brasil nunca hubo juicios por delitos relacionados con violaciones generalizadas de los derechos humanos en la época de la dictadura.

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