El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de sanciones contra Irán, lo que es un nuevo esfuerzo para intentar presionar a Teherán para que abandone su programa nuclear.
La ley aprobada permitiría al presidente Barack Obama obstaculizar el abastecimiento de gasolina de la república islámica. Según las fuentes legislativas, la medida está dirigida en primer lugar a las empresas que exportan gasolina a Irán o ayudan a ése país a aumentar la capacidad de sus refinerías. Las sanciones determinan el castigo que consiste en negarles a esas compañías préstamos u otro tipo de asistencia financiera de parte de instituciones estadounidenses.
La Cámara de Representantes ya había aprobado una legislación similar y ahora ambas versiones tendrán que ser armonizadas en un solo proyecto antes de ser enviado al presidente para su promulgación. “Todos hemos observado cómo el régimen iraní oprime a su propio pueblo en las calles y cómo continúa desafiando a la comunidad internacional en asuntos nucleares”, anunció Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado.
La iniciativa de la Cámara Alta también impone una prohibición a la importación directa de productos estadounidenses al Estado asiático, así como la exportación, a excepción de alimentos y medicinas. Además, permite que el Gobierno estadounidense congele activos iraníes en el país.
Por ahora la república es uno de los mayores productores mundiales de petróleo, pero importa combustible debido a la falta de refinerías propias. Estados Unidos acusa al Ejecutivo de usar un programa atómico para construir en secreto armas nucleares, pero Teherán niega esta teoría. La ONU ya había reforzado las sanciones por tres veces desde 2006 por la influencia de EE. UU.
No obstante, las nuevas sanciones unilaterales amenazan con dañar a los intereses de los propios Estados Unidos, así lo creen los hombres de negocios norteamericanos. Recientemente la Cámara de Comercio estadounidense junto con otros grupos empresariales envió una carta al asesor del presidente de EE. UU. para la Seguridad Nacional y otros altos funcionarios de La Casa Blanca, en la que pedían a Barack Obama oponerse al proyecto de ley.