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Abogado de los estadounidenses detenidos en Haití, despedido por corrupción

Publicado: 7 feb 2010 11:44 GMT

Un abogado haitiano, que representaba los intereses de 10 ciudadanos estadounidenses acusados en Haití del secuestro de 33 menores, fue destituido tras prometer conseguir la libertad a sus defendidos por medio de sobornos “al tribunal”. El defensor haitiano Edwin Coq fue despedido por otro a

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Un abogado haitiano, que representaba los intereses de 10 ciudadanos estadounidenses acusados en Haití del secuestro de 33 menores, fue destituido tras prometer conseguir la libertad a sus defendidos por medio de sobornos “al tribunal”.

El defensor haitiano Edwin Coq fue despedido por otro abogado de los arrestados americanos: Jorge Puello, procedente de la República Dominicana, que previamente había contratado al jurista para defender a los detenidos. Según Puello, Coq exigía a los estadounidenses que le pagaran 60.000 dólares, los cuales, según él, resolverían todos sus problemas y les garantizarían la excarcelación. Puello señala que Coq recibía el respaldo de algunos altos funcionarios políticos haitianos interesados en beneficiarse del proceso.

El propio Edwin Coq admite haberles pedido a los acusados este dinero, pero afirma que lo hacía en concepto de salario por los servicios prestados. “Durante cuatro días trabajé para 10 personas. Me merezco una remuneración”, asegura el abogado. Sin embargo, la semana pasada algunos medios informaron que Coq ayudaba de manera gratuita a los extranjeros arrestados.

El 29 de enero la Fiscalía haitiana acusó a 10 misioneros norteamericanos, integrantes de la organización baptista New Life Children´s Refugee (Refugio Infantil Nueva Vida) de secuestro de menores, mientras conducían a 33 niños haitianos a  la República Dominicana.

Los religiosos sostuvieron que los niños eran huérfanos y que ellos pretendían darles mejores expectativas de vida ante la situación de caos que reinaba en Haití tras el terremoto. Las autoridades descubrieron que muchos de ellos no eran huérfanos, ya que sus padres sobrevivieron al terremoto del 12 de enero. De ser hallados culpables podrían ser condenados hasta un máximo de 15 años de encarcelamiento.

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