En Tucumán empezó el juicio sobre delitos contra la humanidad
Los crímenes de “lesa humanidad” encabezan la lista de delitos que se imputan a 7 militares y policías argentinos dentro del proceso judicial que acaba de iniciar en la provincia argentina de Tucumán. Los episodios que se examinan se refieren a 22 personas presuntamente detenidas y ejecutadas en una cárcel clandestina del centro administrativo de aquella provincia. Todos los hechos corresponden a los años de 1975 y 1976.
La peculiaridad de la causa estriba en que los secuestros, torturas y homicidios fueron cometidos antes de que fuera derrocado el gobierno de María Estela Martínez de Perón y se estableciera la dictadura militar más sangrienta en la historia argentina. Dos ministros del gabinete peronista se presentarán ante el juzgado como testigos, entre ellos el vicepresidente de la nación y gobernador bonaerense ya en la época contemporánea, Carlos Ruckauf. Entre los acusados están el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex gobernador o, en aquel entonces, subordinado de Menéndez, Antonio Domingo Bussi; el ex general Alberto Luis Cattáneo; y el ex jefe de policía Albino Mario Zimmerman. Se les imputan las órdenes que llevaron a más de dos decenas de víctimas a la muerte.
Las otras tres personas acusadas son agentes de la policía tucumana. Les acusan por varios delitos, como la privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio. Los tres no sólo obedecían las dichas órdenes sino que lo hicieron con uso de métodos agravantes.
Los dos primeros en la lista ya fueron condenados por el mismo tribunal a cadena perpetua por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse durante la dictadura militar. Además, Bussi que desempeñaba la función del gobernador de Tucumán entre 1995 y 1999, fue destituido y enjuiciado por tener cuentas secretas en Suiza al terminar la gestión de Carlos Menem.
El ex gobernador quiso minimizar todas las acusaciones como si fueran males de una guerra e insistió durante la segunda jornada del juicio en que “fue una guerra declarada por un gobierno constitucional, en pleno ejercicio de sus facultades para eliminar al marxismo-leninismo”. Según el acusado principal, esa es “la verdad histórica, hoy distorsionada, manejada y agraviada para satisfacer mezquinos intereses”.
Bussi dijo, además, que los cuerpos de los asesinados en el centro clandestino iban a la morgue, pero nadie los buscó, con una sola excepción. Lanzó a los familiares de las víctimas un reto: si les interesara no cobrarían 250 mil dólares por cada denuncia. Cuando los abogados y los familiares de las víctimas solicitaron que el imputado se disculpase, respondió con un reto más: “¡Pido disculpas a las damas y a los damos!”
La causa de los generales de Tucumán puede parecer poco significante en comparación con la escala de la matanza que causó el gobierno militar en el poder entre 1976 y 1983 con el notorio título de Operación “Cóndor”. A lo largo de la dictadura, 18 mil personas desaparecieron en todo el territorio de la República Argentina, según las cifras oficiales. Los datos extraoficiales suman a este número 12 mil vidas humanas más.