Así, hace dos años el ciudadano británico Paul Chambers expresó su preocupación por no poder volar por mal tiempo, publicando en Twitter lo siguiente: “M*****, el aeropuerto de Robin Hood está cerrado. Tienen una semana para solucionarlo, en caso contrario, lo haré explotar”. Tras publicar este tuit fue detenido por 8 horas, además de interrogado y multado. A pesar de que ha ganado el proceso judicial, el escándalo le costó su puesto de trabajo y miles de dólares en abogados.
Otro caso sucedió en Francia, donde los estudiantes judíos, ofendidos por los comentarios antisemitas en Twitter, en el marco del conflicto palestino-israelí, lograron que la red de 'microblogging' eliminara el material controvertido, al amenazar a sus directivos a recurrir a un tribunal en caso contrario.
Cuando por escribir algo fruto del mal humor los usuarios terminan tras las rejas o cuando les prohíben decir algo porque su opinión política puede ofender a algunos, la gente empieza a dudar de que realmente se pueda expresar libremente y, como resultado, no se dicen las cosas que a veces deben ser dichas, alerta Jim Kinnok, de Open Society Group.
“Si alguien es poco amable hacia mí, tengo derecho a responderle. No quiero tener el derecho de llamar a la Policía para que lo detengan. No creo que esto sea una prueba de la sociedad libre”, apunta a su vez el periodista Ally Fogg.