Las innovaciones permitirán a los Gobiernos nacionales repartir, atribuir y retirar direcciones IP y nombres de dominios, así como controlar el acceso a los sitios web. La propuesta fue apoyada por Argelia, Bahréin, Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Sudán.
Los autores de la iniciativa asumen que las normas actuales de intercambio internacional de tráfico de información, aprobadas en 1988, ya son obsoletas. Actualmente, toda la coordinación de distribución de nombres de dominio y direcciones IP la realiza la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet
(ICANN), creada con la participación del Gobierno de EE.UU.
Los críticos del sistema actual temen que pueda amenazar la seguridad nacional y proponen convertir la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que forma parte de la estructura de la ONU, en el principal supervisor de Internet.
Sin embargo, EE.UU. y sus aliados declaran que los cambios propuestos son demasiado radicales. Según la Casa Blanca, las innovaciones atentan contra la libertad de expresión en Internet. Washington ha dejado claro que en la propuesta no habrá consenso.