Piñera mantuvo este domingo una reunión de urgencia con cuatro de sus ministros a raíz de la serie de ataques incendiarios contra viviendas, camiones y maquinaria agrícola registrados en los últimos cuatro días en el sur del país.
El atentado más grave, perpetrado por un grupo de unos 20 encapuchados contra un fundo, terminó con la muerte de un empresario de ascendencia suiza que murió quemado en su vivienda junto con su esposa.
El Gobierno chileno cree que la decisión más oportuna, útil y necesaria como instrumento jurídico es la aplicación de la ley antiterrorista, que contempla penas más severas que la legislación común.
La administración de Piñera considera que detrás de estos ataques hay grupos mapuches radicales que han optado por la vía de la violencia para recuperar tierras que están en manos de empresarios agrícolas y forestales y que estos indígenas consideran ancestrales.
Muchos de los actuales propietarios son descendientes de colonos llegados a finales del siglo XIX a los que en su día el estado chileno entregó tierras para poblar y hacer productivas las zonas del sur del país. Pero desde 1990 algunos grupos de mapuches luchan por la recuperación de estas tierras que consideran
que les fueron arrebatadas a sus ancestros. El conflicto mapuche es un fenómeno que afecta principalmente en Chile y, en menor medida, a Argentina.