En un artículo recientemente publicado por medios cubanos, la especialista Ileana Sorolla critica el denominado Programa de Profesionales Cubanos de la Medicina Bajo Palabra (‘Cuban Medical Professional Parole Program’), creado por el Gobierno estadounidense en agosto de 2006 durante la presidencia de George W. Bush con el fin de atraer a médicos formados en la isla caribeña y mantenido por la administración de Barack Obama.
De acuerdo con Sorolla, el fenómeno “es un caso clásico de robo de cerebros, que ha sido calificado por sus efectos como 'flujo fatal' y denunciado por otros países afectados y organismos internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud”. Y es que, según la directora del Centro de Estudios de Migraciones Internacionales de la Universidad de La Habana, el proyecto tiene fines políticos y busca entorpecer y desacreditar la colaboración cubana en materia de salud con países amigos.
"Pretende utilizar en su juego político a profesionales de reconocida calidad científica y humanismo, que desempeñan una labor de alta sensibilidad y valor para la población, a los que luego de ser atraídos por la propaganda, se les obstaculiza continuar su práctica profesional", citó el diario 'Granma'.
La especialista recordó además que los programas de inmigración de EE.UU. están dirigidos a seleccionar a los cubanos de acuerdo con sus intereses, favoreciendo a aquellos que están más cualificados profesionalmente. Así, explica, más de la mitad del millón de cubanos que llegaron a la Florida después de 1990 poseen indicadores de instrucción superiores a la media de otros grupos hispanos.
"El lugar que ocupa el tema migratorio en la política de hostilidad de EE.UU. hacia Cuba obliga al Estado revolucionario a protegerse y encontrar formas para preservar los recursos humanos cualificados, imprescindibles para el desarrollo del país", señaló Sorolla.
El próximo 14 de enero entrarán en vigor en Cuba nuevas medidas migratorias. Lo más destacado de la reforma es la anulación de los permisos de salida conocidos como ‘tarjetas blancas’, las cartas de invitación y otros trámites que dificultaban las salidas del país de los cubanos.