Así lo revela a través de su página web la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) que demandó al Departamento de Justicia datos sobre el rastreo con ayuda de GPS, y recibió unos documentos censurados casi en su totalidad. En tal estado los documentes, no tienen ningún interés ya que toda la información está oculta, estima la ACLU.
El departamento de Justicia justifica su decisión acogiéndose a la Ley por la Libertad de la Información (FOIA) que protege la seguridad de las operaciones de los agentes, ya que la revelación de tal información podría ayudar a los criminales.
Estos documentos proporcionan instrucciones para los agentes del departamento, que fueron diseñadas después del fallo judicial United States v. Jones dictado en junio de 2012, que equipara el rastreo de GPS a un registro.
La abogada de ACLU, Catherine Crump, comentó que en este estado los documentos no dan respuesta a una serie de cuestiones, entre ellas la de si los agentes están obligados a obtener una orden judicial de registro. La letrada recalcó que la ACLU presentará una demanda en los tribunales para forzar al Departamento a revelar la información.