La investigación, realizada por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés), se centró en los detenidos en las instalaciones administradas por las fuerzas policiales nacionales y locales, y los servicios de inteligencia, NDS, y abarca el período entre octubre de 2011 y octubre de 2012. Según sus datos, durante este período el porcentaje de casos de abusos en las prisiones afganas ha aumentado del 35% al 43%.
El Gobierno afgano ha rechazado estas acusaciones. En una carta de respuesta al informe declara que su propio comité de supervisión interna descubrió que "las denuncias de tortura de los detenidos eran falsas". No obstante, la fuerza de la OTAN en Afganistán, ISAF, ha suspendido el traslado de sus detenidos a las instalaciones mencionadas en el informe.