El texto sostiene que EE.UU. está operando legalmente para matar "a los principales líderes operativos de Al Qaeda o de una fuerza asociada", incluso si una persona es ciudadano de EE.UU. y no existe evidencia de que planee llevar a cabo un ataque contra ese país.
Básicamente, sostiene que el Gobierno tiene el derecho de llevar a cabo la ejecución extrajudicial de ciudadanos estadounidenses"Para tomar la decisión es suficiente con que un funcionario del Gobierno de EE.UU. “de alto nivel” y con “conocimiento de causa” determine que el objetivo del asesinato ha estado "recientemente" implicado en "actividades" que representan una amenaza de ataque violento y que "no hay evidencia que sugiera que ha renunciado o abandonado esas actividades ", dice el documento.
El subdirector jurídico de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Jameel Jaffer, ha calificado el texto como "un documento escalofriante"."Básicamente, sostiene que el Gobierno tiene el derecho de llevar a cabo la ejecución extrajudicial de ciudadanos estadounidenses”, dijo Jaffer a NBC News.
Senadores exigen a Obama una base jurídica para los asesinatos selectivos con drones
Pese a todo, el Gobierno estadounidense aparentemente tiene pocas intenciones de establecer restricciones respecto a los asesinatos selectivos llevados a cabo por sus drones y numerosos grupos civiles y políticos continúan exigiendo que la administración de Obama publique las bases legales para el empleo de drones para ataques mortales.
Un grupo de 11 senadores escribió este lunes una carta al presidente exigiéndole que publique todos los memorandos del Departamento de Justicia que establezcan la justificación legal del Gobierno de EE.UU. para el uso de aviones no tripulados armados u otras operaciones de contraterrorismo para matar a ciudadanos estadounidenses sospechosos de ser terroristas.
Los senadores, ocho de ellos demócratas y tres republicanos, también dieron a entender que los nombramientos de altos funcionarios, como el de John Brennan para dirigir la CIA o incluso el de Chuck Hagel como Secretario de Defensa, podrían estar en juego si Obama no hace públicos dichos textos clasificados.
"La cooperación del Poder Ejecutivo sobre este asunto ayudará a evitar una confrontación innecesaria que podría afectar a la consideración del Senado de los candidatos para los puestos de seguridad nacional", afirmaron.
Los senadores sugirieron al mandatario que evite intentar bloquear la publicación de los documentos, apelando a algún “privilegio” legal en el caso de que desee “dejar claro que no está sentando un precedente que pueda aplicarse a otros tipos de documentos".