Ha dictado que no va a considerar el pleito planteado por Amnistía Internacional y un grupo de activistas en contra de una provisión del Acta de Vigilancia de Inteligencia Extranjera FISA, que autoriza a la Agencia de Seguridad Nacional a seguir todo tipo de comunicaciones personales de los ciudadanos del país, entre llamadas telefónicas y correos electrónicos.
La enmienda conocida bajo el nombre de FAA fue adoptada en 2008 y permite a los agentes ejercer una vigilancia electrónica sin una orden judicial sobre cualquier persona sospechosa de contactar con gente fuera de EE.UU. Estaba previsto que la enmienda expire a finales de 2012, pero el Congreso votó a favor de prorrogar la normativa para los siguientes cinco años. Los legisladores opinan que la medida es esencial para combatir el terrorismo.
Según los demandantes, la normativa perjudica su trabajo, ya que les hace viajar fuera del país para reunirse con sus clientes, con el fin de evitar el posible monitoreo de sus comunicaciones sensibles. Sin embargo, la Corte Suprema ha considerado que estos argumentos son simplemente "una cadena especulativa de posibilidades" y que se trata de un daño hipotético del que el Gobierno no puede responsabilizarse de ninguna manera ya que los demandantes se lo causan a sí mismos.