El documento fue aprobado con 131 votos a favor frente a 113 en contra en una jornada marcada por protestas de familiares de las víctimas del atentado.
La aprobación del acuerdo por parte de los legisladores nacionales es un paso necesario para hacer efectivo el memorándum, que el ejecutivo nacional defiende como la posibilidad de lograr un avance en la causa que investiga la voladura de la AMIA que produjo la muerte de 85 personas.
También en el marco del acuedo fue creada una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales, que representan a Argentina, Irán y AMIA, para analizar y solicitar información referida a la causa con la posibilidad de emitir recomendaciones, aunque no de carácter vinculante.
La comunidad judía en Argentina se ha mostrado dividida respeto a su conformidad con los resultados que podría tener este convenio. Las dos principales asociaciones, AMIA y DAIA, han manifestado que es un grave retroceso en la búsqueda de justicia mientras que los familiares de las víctimas del atentado se ha mostrado optimistas.
El Gobierno también recibió el respaldo de Amnistía Internacional, que a través de un comunicado señaló que el acuerdo constituye una "oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas".
La oposición en su mayoría se negó rotundamente a apoyar el acuerdo presentando diversas acusaciones desde la pérdida de la soberanía del país al viajar a Irán para interrogar a los acusados hasta la denuncia de la existencia de intereses comerciales detrás de este acuerdo con la nación persa.
El ataque a la sede de la AMIA, en el que murieron 85 personas y más de 600 resultaron heridas, fue el segundo de los atentados terroristas contra intereses judíos en Argentina. En 1992 explotó una bomba frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires y se cobró la vida de 29 personas.