Un funcionario del Departamento de Defensa de EE. UU. está bajo investigación por el supuesto de usar contratistas civiles para labores de espionaje contra insurgentes en Afganistán y Pakistán.
Los medios de comunicación norteamericanos informaron que Michael Furlong, que trabaja en el Pentágono, contrataba a agentes de compañías privadas para que ofrecieran servicios de seguridad. Ellos obtenían datos sobre los campamentos de preparación de los talibanes para planear operaciones de exterminio.
Mientras el Pentágono investiga este caso, los expertos ya lo han comparado con la historia de Blackwater, empresa privada norteamericana de seguridad cuyos empleados fueron acusados de haber matado a civiles en Iraq.
La maniobra de Furlong viola la política estadounidense de no usar contratistas como espías. A mediados de 2008, las fuerzas armadas pusieron a este funcionario a cargo de un programa en el que dirigía a empresas privadas para obtener información sobre la cultura política y tribal de Afganistán, reportó el periódico The New York Times.
Según el analista militar Tariq Birzada, el objetivo de esta recopilación de información era ubicar a las personas consideradas por Estados Unidos como insurgentes islamistas o terroristas que rrepresentaban una amenaza para el país. “Igual que en la historia de Blackwater, ocurrida el año pasado, el asunto perjudicó la credibilidad de Estados Unidos en Afganistán, Pakistán y en la región en general”, dijo el experto. “Ahora EE. UU. ya no puede afirmar que su único objetivo es acabar con los insurgentes. Las acciones de Estados Unidos revelan otros fines, uno de los cuales es aumentar su influencia”, afirmó.
Mientras tanto, el autor de un escandaloso artículo y corresponsal del New York Times en Kabul, Dexter Filkins, explica que contratar informantes privados es una práctica prohibida en todo el mundo. “La información no fue recopilada por los militares estadounidenses, sino por contratistas privados. Quiere decir que podrían contratarte a tí o a mí, o a cualquier persona”, dijo Filkins. Según el periodista, utilizar los servicios de los contratistas está prohibido y todos los Gobiernos tienen directivas muy claras al respecto. “Y seguro que los militares estadounidenses no son una excepción”, señaló.