Promoviendo la igualdad de oportunidades para las mujeres con respecto a los hombres, el documento aprobado el 15 de marzo pide que todos los países se abstengan de referencias a sus tradiciones y normas religiosas para justificar la violencia contra las mujeres.
Las negociaciones no estuvieron exentas de polémica, como las reservas expresadas por países como Arabia Saudí, Irán, Libia o Sudán, o por la Santa Sede, por las referencias explícitas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
También contó con la oposición de Egipto, que finalmente estampó su firma en el acuerdo pese a que el grupo islámico Hermanos Musulmanes denunció un día antes que el borrador de la declaración "viola los principios de la ley islámica". En un comunicado, el grupo subrayó este jueves que algunos artículos de ese texto "se contraponen a los principios del Corán y destruyen la moral islámica y el núcleo familiar consagrados en la Constitución egipcia".
Entre otras cosas, la declaración prohíbe los matrimonios de menores y los forzados, y la mutilación genital femenina, al mismo tiempo pidiendo que a las víctimas de violencia se les facilite contracepción de emergencia y se les posibilite abortar.