Tras ocho horas de debate en Washington, con la presencia de cancilleres de los países miembros y del subsecretario de EE.UU., William Burns, la Organización de los Estados Americanos (OEA) no logró alcanzar un acuerdo sobre las reformas necesarias para mejorar el organismo.
Entre las propuestas figuraba la presentada por los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América Latina (ALBA), que contemplaba que los Estados deben financiar la Comisión a través del presupuesto regular de la OEA, eliminando las donaciones de terceros. Con ello se hace referencia a las aportaciones de países como EE.UU., que no han firmado ningún acuerdo de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, se estudiaba el traslado de la sede de la Comisión, ubicada actualmente en Washington, a un país latinoamericano. Anteriormente, Ecuador insistió en que se cambie de ubicación la sede y que también se modifique su método de financiación para distanciarla de EE.UU.
Esta propuesta formaba parte de la petición del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, que sostiene que "la sede está en un país que no cree en el sistema interamericano". Patiño solicitó que la sede de la CIDH se traslade a un país “firmante” y que solo estos países sean miembros de la OEA. Asimismo cuestionó la financiación del organismo por parte de EE.UU.
El director del diario ecuatoriano ‘El Telégrafo’, Orlando Pérez, considera que es inconcebible que la sede de esa organización esté en un país que no se somete a las reglas como los demás.
“Creo que es importante que la sede de la CIDH no esté en un país que no firmó el Pacto de San José. No puede ser posible que un país que no firma el acuerdo, que no se somete obligatoriamente a las decisiones de otros países, tenga la sede”, señaló Pérez.