Países de la Unión Europea exportan dispositivos de tortura
La organización internacional de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) acusó a 150 empresas europeas de exportar dispositivos de tortura considerados ilegales dentro de la propia Unión Europea (UE).
El informe difundido por la organización menciona que particularmente los gobiernos de Alemania y República Checa permitieron exportar productos para fuerzas policiales y de seguridad, incluyendo cinturones y esposas con un sistema que permite aplicar descargas eléctircas, bastones policiales eléctricos o con puntas de metal, grilletes combinados o sprays de sustancias químicas, a, al menos, nueve países en vías de desarrollo como México, Venezuela o India, donde estos objetos se utilizan para la tortura.
La declaración, difundida en Londres, revela también que las empresas europeas continúan comerciando con estos dispositivos a pesar de que en el año 2006 entró en vigor una ley de la UE que prohíbe distribuir instrumentos de seguridad y que controla la venta de otros dispositivos que podrían ser utilizados para la tortura o para el maltrato humano en otros países.
Amnistía señala que de los 27 países de la UE sólo 7 cumplen con las normas de esta ley, mientras que las compañías de estados como España, Italia, Francia, Alemania, Hungría y la República Checa están introducidas en ese lucrativo mercado, aprovechando algunas “lagunas” de la legislación que les permiten exportar equipos prohibidos bajo la autorización de sus respectivos gobiernos.
Estos fallos fueron detectados por AI trás la elaboración del informe y según la organización, el problema radica en que la ley de hace cuatro años no cuenta con una lista actualizada de los productos que se usan para maltratar de forma inhumana. Durante este tiempo se han desarrollado dispositivos más avanzados y los que ya existían cambiaron de nombre.
La europarlamentaria que dirige la Subcomisión de Derechos Humanos, Heidi Hautala, señaló que la Comisión Europea puede llevar a juicio a cualquier estado miembro de la UE por haber manipulado la ley, pero que apuesta más por la “exposición pública para avergonzar”. Es decir, los parlamentarios planean publicar una “lista negra” con los nombres de los países y compañías que violaron las regulaciones.