El principal blanco de las críticas de los manifestantes es el proyecto de democratización de la justicia impulsado por Fernández de Kirchner. Uno de los artículos de la reforma contempla el voto popular para elegir a siete de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura, encargado de designar y destituir a los jueces.
La oposición opina que este proyecto está destinado a controlar al poder judicial, así como a impedir la existencia de magistrados independientes del poder ejecutivo. “La justicia no tiene que estar manejada por ningún poder”, señala el manifestante Christian González, que acusa a la reforma de vulnerar el principio de la separación de poderes.
Por el contrario, la analista internacional Stella Calloni considera que dicha modificación es necesaria para adaptar la justicia a la sociedad posterior a la dictadura.
"La justicia en nuestro país ha tenido una larga historia de dependencia del poder económico que está separado totalmente de las necesidades populares. Aquí hace años se viene reclamando un cambio en la justicia, lo reclama el pueblo, las mayorías", señala Calloni.
La propia presidenta argentina, por su parte, considera que la reforma democratizará "el acceso al sistema judicial" y permitirá a "todo ciudadano que reúna los requisitos y apruebe los exámenes, ingresar al poder judicial".