El Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, un grupo de defensa de los derechos de privacidad ha obtenido más de mil páginas de documentos relacionados con el uso por el Gobierno estadounidense de un programa de seguridad cibernética. El grupo obtuvo dicha información acogiéndose a la Ley por la Libertad de la Información (FOIA), que otorga a todos los miembros de los Estados Unidos el derecho de acceso a la información federal del gobierno.
"Altos funcionarios de la administración Obama han autorizado en secreto la interceptación de las comunicaciones realizadas en partes de las redes operadas por AT & T y otros proveedores de servicios de Internet, una práctica que de otra forma podría ser ilegal bajo las leyes federales", escribe el periodista Declan McCullagh del periodico CNET, al que el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica pasó los documentos .
La autorización legal secreta del Departamento de Justicia inicialmente se aplicaba al proyecto piloto de seguridad cibernética DIB, en el marco del cual los militares pueden vigilar los enlaces en la red de los contratistas de defensa. En enero de 2012, según escribe McCullagh, el proyecto pasó a llamarse Servicios de Seguridad Cibernética mejorados (ECS) y se abrió a un mayor número de empresas, afectando no sólo los contratistas del Departamento de Defensa.