Periodistas de la mayor empresa de medios de impresión de México cambian sus rutas de viaje, se mudan a edificios más seguros y escriben artículos anónimos. Ya no se sabe cómo proteger mejor a los periodistas ante la creciente violencia proveniente de la narcomafia.
"Tenemos un buen equipo que hay que proteger", dijo el jueves Alejandro Junco de la Vega, jefe del Grupo Reforma, tras dirigirse a una reunión de la NGO World Affairs Council en San Antonio. "Hemos empezado a repartir chalecos antibalas".
Las autoridades mexicanas culpan a los narcocárteles de causar estragos en algunas partes de México con asesinatos, secuestros, extorsión y decapitaciones. Si bien gran parte de la violencia ha sido entre cárteles rivales de narcotraficantes, civiles que pasaban por casualidad, hombres de negocios y periodistas también son blancos de los ataques.
Junco califica a los narcotraficantes como terroristas. Se mudó a Texas con su familia en 2008 bajo una creciente amenaza de los narcotraficantes, pero aún así va a México para trabajar.
"Mi querida esposa una vez me preguntó: '¿Quieres ser el mejor periodista en un cementerio?'", contó Junco, citado por la agencia AP.
Según el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), México está a la cabeza en la lista de periodistas asesinados en 2009 con 11 homicidios, de los que un 70% están ligados al ejercicio periodístico.
La violencia, creciente desde que el Gobierno de Calderón iniciara la lucha contra el narcotráfico –basta comparar los 20 homicidios durante los seis años de Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) con las 28 muertes en dos años de Presidencia de Felipe Calderón–, se convirtió en una pesadilla en este territorio, incluido en la lista de los países más peligrosos para actividades periodísticas del Comité Internacional de Protección de Periodistas.
Mientras tanto, el CENSOS junto con la organización Article XIX, argumentan que la mayoría de los casos de agresión contra periodistas en México la cometen agentes del Estado y no es culpa de los narcotraficantes, tal y como presenta la versión oficial.
Su informe, presentado este mes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atribuye un 75,5% de tales agresiones a agentes del Estado, frente al 6,7% referidas al narcotráfico.