"Aunque haya un intercambio de información, tendría que haber un tratado de control de armas de defensa antimisiles, como fue el tratado de ABME (sobre Misiles Antibalísticos) de 1972-73, que codificaba límites al número de defensas antimisiles", opina el analista. A su juicio, hasta el momento EE.UU. se ha negado a firmar un tratado así porque no quiere limitar su capacidad de defensa antimisiles y "claro que Rusia se ve potencialmente amenazada".
Respecto al hecho de que los republicanos, a diferencia del presidente de EE.UU., Barack Obama, se manifiesten a favor de endurecer la postura en este tema, Lajos Szaszdi opina que, por un lado, consideran que la defensa de EE.UU. "debe estar delante de cualquier consideración de balance de fuerzas y con Rusia".
Por otro lado, "consideran que como ya no hay Unión Soviética, Rusia es menos en cuanto a poderío y que está padeciendo económicamente porque su sistema no es neoliberal como el que apoyan los republicanos", explica el analista, que agrega que esperan que haya una recesión en Rusia, "que no va a tener dinero para costear una carrera de armamentos en represalias por el despliegue de un sistema de defensa antimisiles".
Lajos Szaszdi destaca que si los republicanos "piensan que Rusia ya no tiene dinero y va a reducir sus misiles estratégicos eso sí que es un error", porque Rusia "está invirtiendo en su fuerza de misiles estratégicos al ver lo que considera una amenaza, el sistema de defensa antimisiles norteamericano que podría devaluar el valor de la fuerza estratégica rusa del balance de fuerzas".
El escudo antimisiles de EE.UU. en Europa siempre ha sido un punto de fricción entre Moscú y Washington. Rusia considera este programa como una violación de todos los acuerdos firmados entre los dos países. La situación pareció que iba a cambiar en noviembre de 2010, cuando en la cumbre de Lisboa Rusia y la OTAN acordaron colaborar en la defensa antimisiles para Europa. Sin embargo, las negociaciones se vieron entorpecidas por la renuencia de EE.UU. a presentar garantías jurídicas de que el sistema que pretende desplegar en Europa no va dirigido contra las fuerzas estratégicas rusas.