"Este miércoles por la noche nos llamaron algunas personas preocupadas por los comentarios en las redes sociales. Iniciamos las investigaciones al respecto y pronto detuvimos a dos hombres, de 23 y 22 años, en dos direcciones en Bristol", dijo en un comunicado, el detective inspector Ed Yaxley, quien subrayó que la investigación de las denuncias continúa.
Los dos hombres fueron detenidos en virtud de la Ley de Orden Público. Son sospechosos de incitar al odio racial y religioso. Según Yaxley, "comentarios como estos son completamente inaceptables y solo causan más daño a nuestra comunidad en Bristol (...) La gente debe pensar en lo que dice en Internet antes de hacer declaraciones, ya que las consecuencias podrían ser graves". Finalmente fueron puestos en libertad bajo fianza a la espera de nuevos datos sobre el caso.
En total en Reino Unido fueron detenidas cuatro personas sospechosas de participar en el ataque terrorista en Woolwich. Dos de ellas son los supuestos asesinos. La víctima es un hombre de 25 años llamado Lee Rigby que había servido en el Ejército durante siete años. Había servido seis meses en Afganistán en 2009, tenía un hijo de dos años de edad, y residía en Londres desde 2011.
Los sospechosos del ataque terrorista del martes permanecen bajo custodia policial en dos hospitales diferentes. Michael Adeboloja, de 28 años, y Oluwatobi Adebowale, de 22, recibieron disparos de la Policía durante la detención. Los agresores provenían de familias inmigrantes de Nigeria. Sin embargo, ambos nacieron en el Reino Unido y vivían en el sur de Londres.
El Parlamento británico investigará si los servicios de seguridad podrían haber evitado el asesinato del soldado sucedido este miércoles en Woolwich, según Eric Pickles, secretario de Comunidades y Gobierno local del Ejecutivo. Los servicios de seguridad del país han sido criticados con dureza tras conocerse que el MI5 había fichado a los sospechosos del ataque.
El profesor de Sociología Política de la Universidad Rey Juan Carlos Pedro Alberto García Bilbao opina que las autoridades pueden violar los derechos de sus ciudadanos bajo el pretexto de investigar los crímenes.
"Está comprobado que un intento de controlarlo todo muchas veces no se traduce en un mayor control, sino en una mayor inseguridad y en una lesión a las libertades", dijo a RT Juan Carlos.