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“Ley guillotina” pretende erradicar la corrupción en Bolivia

Publicado: 2 abr 2010 00:40 GMT

El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó el 31 de marzo la ley contra la corrupción, enriquecimiento ilícito y fortunas ocultas. La norma permitirá investigar casos de corrupción en los últimos 20 años y elevará ese tipo de delitos a carácter imprescriptible.

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El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó el 31 de marzo la ley contra la corrupción, enriquecimiento ilícito y fortunas ocultas. La norma permitirá investigar casos de corrupción en los últimos 20 años y elevará ese tipo de delitos a carácter imprescriptible.

Aprobado en febrero por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa de Bolivia, según varios expertos de derecho dentro y fuera del país, el nuevo documento más corresponde a normas de índole revolucionaria que penal. La oposición liberal, así como la mayoría de los ex gobernantes, insiste en que la ley no se ajusta dentro del marco constitucional.

Todos destacan una detalle, reconocido también por la administración vigente: su carácter retroactivo. Eso siempre puede considerarse arbitrariedad, según los principios internacionales de legislación penal.

Sin embargo, Morales explica que no había ningún otro instrumento para combatir la corrupción en el país. Pide a países vecinos, presidentes, a los países del mundo, que no protejan ni defiendan a ningún corrupto.

“Yo creo que eso sería el mejor aporte para erradicar la corrupción, no es posible que la gente se escape al exterior", dijo el primer mandatario, refiriéndose a casos semejantes al de la huida de un candidato opositor a la alcaldía de La Paz, Guillermo Fortún. Hace varios días Fortún dejó Bolivia luego de que se le implicara en un caso de mal uso de los llamados gastos reservados. Fortún denunció que le persiguen meramente por razones políticas.

Incluso el vicepresidente de la administración de Morales, Alvaro García, admitió que la norma es una "Ley guillotina". Los tres antiguos mandatarios bolivianos, Jorge Quiroga (2001–2002), Carlos Mesa (2003–2005), Eduardo Rodríguez (2005–2006), ya denunciaron que el documento abre oportunidades muy amplias para abusos de poder y persecuciones arbitrarias.

Una de las cláusulas del documento dice: "el que mediante actividad privada incremente desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando al patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de bienes obtenidos ilegalmente".

Otros artículos de la ley establecen una política de protección de testigos, eliminan el secreto bancario y crean juzgados especiales anticorrupción.

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