El caso de los familiares de tres militares muertos por bombas en las carreteras de Irak fue analizado por la Corte, que rechazó el argumento del Gobierno de que el campo de batalla está fuera del alcance de la legislación británica.
La Corte Suprema estableció que los tres soldados perecidos en Irak estaban dentro de la jurisdicción del Reino Unido en el momento de su muerte y, por lo tanto, estaban sujetos a la legislación sobre derechos humanos.
Las familias ahora podrán proceder a juicio para determinar si el Ministerio de Defensa debe pagarles. Según los jueces, el Ministerio de Defensa del Reino Unido debe pagar a las familias de los soldados muertos según la ley de la negligencia.