El FBI se ha apoderado esta semana de los dominios de las tres mayores salas de póquer 'online' que operan en EE. UU.: PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker.
11 personas acusadas de fraude bancario, fraude postal, apuestas ilegales, lavado de dinero, posesión de drogas con intento de distribución, extorsión y otros delitos figuran entre los inculpados por la Oficina del Fiscal del distrito sur de Nueva York. Sus nombres son: Thomas Fiore, Pasquale Rubbo, Frank D'Amato, Joseph Rubbo, Kenneth Dunn, y Billie Robertson, Nicholas Fiore, Lee Klein, Marc Broder, Daniel Young, y Guy Alessi.
Los altos ejecutivos de las compañías son acusados de conspirar en el crimen organizado relacionado con los Bonanno, una familia de la 'Cosa Nostra', la mafia neoyorquina, que presuntamente operaba en la costa este del estado de Florida.
Se han congelado 75 cuentas bancarias de compañías de póquer 'online' y se han embargado cinco nombres de dominios de internet utilizados por estas compañías.
Según la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida, solo nueve de los acusados comparecieron este jueves ante el juez federal Barry Seltzer, quien les notificó sus cargos.
Para capturar a los fundadores de los "tres gigantes del póquer 'online'", un agente del FBI tuvo que infiltrarse en la organización fingiendo ser un empresario con conexiones para corromper a banqueros locales y extranjeros. Entonces los delincuentes pidieron al agente que les ayudara a sobornar a otros para asegurar el continuo flujo de beneficios del juego y lavar dinero a través de cuentas bancarias en el extranjero.
"Mintieron a los bancos sobre la verdadera naturaleza de sus negocios. Luego, algunos de los acusados encontraron a los bancos dispuestos a desobedecer la ley por una tarifa. Los acusados apostaron a que podían seguir con su esquema, y perdieron", declaró la asistente del director del FBI, Janice Fedarcyk.
El problema va creciendo, ya que los usuarios estadounidenses de PokerStars no pueden acceder más y depositar dinero en sus cuentas.
En el caso de que los arrestados sean declarados culpables, recibirán una condena máxima de 20 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares.