Según el arqueólogo Marco Guillén Hugo, responsable del proyecto de investigación en la zona, un grupo de trabajadores de construcción civil ingresó clandestinamente al lugar y, con una pala mecánica y una retroexcavadora, derribó la pirámide de 6 metros de alto y más de 2.000 metros cuadrados de extensión.
Los arqueólogos responsabilizan de la destrucción a dos inmobiliarias
y solicitan a la Policía y al municipio de San Martín de Porres su colaboración para resguardar la zona, declarada patrimonio cultural hace diez años.
El complejo, situado cerca de Lima, tiene una extensión de más de 64 hectáreas y pertenece al período precerámico tardío (del 2000 a. C. al 3000 a. C.).