Esta compleja situación se debe a que el país acumuló mucha deuda que se atribuye a varias instituciones y que ya se aproxima a su fecha de vencimiento. Así, como informa el periódico financiero, entre las deudas a pagar próximamente destacan: los 300 millones de dólares en deuda del Banco Gubernamental de Fomento (que vencen el 10 de julio), 94 millones de dólares de la Corporación Financiera Pública (el 15 de julio) y 160 millones de dólares de bonos respaldados por impuestos de ventas de servicios (el 1 de agosto). A esto se suma que las arcas del Gobierno se están secando.
Por otra parte están los acreedores, que no aceptarán voluntariamente ningún tipo de alteración en sus reclamaciones. Muchos de los fondos de cobertura que se involucraron en la crisis puertorriqueña son fondos "agobiados por la deuda" y acostumbrados a largas batallas judiciales.
Entre tanto, la Casa Blanca ha descartado prestar cualquier tipo de ayuda financiera a Puerto Rico, un territorio no incorporado de EE.UU.
"Por supuesto habrá un litigio entre los tenedores de bonos", afirma Kent Collier, el director de Reorg Research, una entidad de inteligencia de deuda. "Podrían pasar muchos años antes de obtenerse resultados, porque hay muchos intereses en conflicto".
Un grupo de trabajo establecido por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, tendrá que elaborar hasta finales de agosto un plan de revisión económica y fiscal de cinco años. Los pagos realizados hasta el momento indican que Puerto Rico tiene mucho interés en evitar un 'default' antes de esa fecha.