Economía
Venezuela apuesta fuerte al Arco Minero para detener la arremetida de las calificadoras
La severa coyuntura económica que atraviesa Venezuela ha obligado al gobierno a aplicar medidas para enfrentar una dictadura financiera que bloquea las vías al país para el acceso a fuentes de financiamiento.
Según las calificadoras: es el peor país del mundo. La "Santísima Trinidad" financiera conformada por Moody's, S&P y Fitchs -la misma que se hizo de la vista gorda con los responsables de la crisis económica de 2009- asegura que el riesgo para la inversión en Venezuela está por encima de naciones declaradas en default como Grecia, o que viven un conflicto armado como Siria o que padecen las condiciones de conflictividad social y política del África Subsahariana.
Venezuela está bajo un ataque severo de limitación de endeudamiento externo
Como consecuencia de esa calificación, el gobierno venezolano se ha visto obligado a cancelar 25% de interés anual por encima de lo que pagan los bonos del tesoro de los Estados Unidos, en medio de una crisis económica generada por la caída sostenida de los precios del petróleo, principal fuente de divisas de un país monoproductor de hidrocarburos y altamente dependiente de las importaciones de bienes terminados. Sin embargo, jamás ha caído en impago.
"Venezuela está bajo un ataque severo de limitación de endeudamiento externo porque los indicadores de riesgo del país han impedido que acudamos a otras fuentes de fondos, que tengamos dinero fresco", explica el analista económico, investigador y articulista Luis Gavazut.
La situación, suficientemente compleja para las finanzas de la nación, se agrava con la crisis económica y el conflicto político alentado por la oposición y la burguesía nacional para intentar desestabilizar al gobierno chavista.
En enero de este año, el Ejecutivo tuvo que hacer un anuncio estremecedor: el país había recibido menos de 77 millones de dólares por concepto de renta petrolera, mientras que en el mismo mes de 2010 se percibieron más de 3,3 millones. Una caída de 4.200% en el ingreso.
Semanas más tarde, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la activación de un proyecto para diversificar las fuentes de divisas: el arco minero del Orinoco. La decisión reavivó el debate nacional sobre el impacto ambiental de la decisión, su factibilidad técnica, las condiciones de la inversión extranjera y, por supuesto, la pugna de la oposición para ganar saldo político en medio de la coyuntura económica.
El Dorado está en el Orinoco
Si multiplica por tres la extensión territorial de Dinamarca, se hará una idea de la proporción. Pero esto no es Europa, es el arco minero del Orinoco: un vasto territorio de 111.843,70 kilómetros al sur oriente de Venezuela que comprende los estados Bolívar, Amazonas y parte de Delta Amacuro. Allí, probablemente, estén las segundas reservas mundiales de oro del mundo, superadas sólo por las 8.133,5 toneladas que posee Estados Unidos.
Pero la certificación de esa reserva aurífera, anunciada en febrero por el ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, no será inmediata. El proceso depende de la empresa Gold Reserve, expulsada de Venezuela en 2009 por decisión del entonces presidente Hugo Chávez, quien decidió no renovar la concesión para la explotación de las minas Las Brisas, en el estado Bolívar. La trasnacional canadiense solicitó un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que falló a su favor, pero el país suramericano aún no había procedido al pago de los más de 700 millones de dólares.
En febrero de este año, el ministro Del Pino anunció el establecimiento de un memorando de entendimiento con la empresa para la cancelación de los compromisos en los 60 días, además de un monto adicional por concepto de contribución técnica.
El acuerdo, que generó resquemores en varios sectores del chavismo, era necesario. "Lamentablemente, esa empresa es la que tiene en su poder los estudios geológicos necesarios para certificar las reservas, que tardaríamos años en hacer. Era la única manera viable y expedita", explica Gavazut, quien confiesa que se le "removió todo" cuando supo que Gold Reserve regresaría a Venezuela.
"Pero bueno, en estos casos hay que ser adultos y entender que el mal menor era darle la entrada. Ellos son los que tienen esos estudios, que no sólo son complicados sino costosos", agrega.
La relación con Gold Reserve no implica sólo el pago del arbitraje. Venezuela, además, se comprometió a constituir una empresa mixta con 55% de las acciones a favor del país, que arrancará con un capital de 2 millones de dólares para inversiones en el sector aurífero, y otros dos millones en préstamos, para un total de 5 millones de dólares que activan lo que el gobierno bolivariano ha llamado el "Motor Minero".
Sin maniqueísmo
Además de las importantes reservas auríferas que, según las primeras estimaciones, pueden llegar a ubicarse en 7 mil toneladas, el arco minero tiene 33,8 millones de quilates de diamante, 3.644 millones de toneladas de hierro, e ingentes yacimientos probados de bauxita, cobre, coltán y otros minerales.
La movida del gobierno venezolano para acelerar la certificación de sus reservas, en un proceso que puede durar entre dos y cinco años, tiene una razón: fortalecer el respaldo financiero del país para hacer frente a la dictadura económica de las calificadoras.
Venezuela siempre ha sido un productor de materias primas y nuestra economía es eminentemente petrolera
La crítica al proyecto, sin embargo, ha sido voraz. La distorsión social que durante décadas ha generado la minería ilegal en la zona ha sido utilizada como bandera política de la derecha para atacar al gobierno, al tiempo que ciertos sectores del chavismo reprochan -principalmente- el impacto ambiental de la actividad económica en ese pulmón vegetal, habitado también por comunidades indígenas.
Gavazut es cauto al respecto. Si bien se considera un fuerte crítico de la actividad minera por el duro golpe ecológico que genera, dice: "No podemos caer en maniqueísmos con eso. Venezuela siempre ha sido un productor de materias primas y nuestra economía es eminentemente petrolera, si se critica el impacto ambiental del arco minero, debería atacarse de igual manera a la industria del petróleo, una de las más contaminantes del mundo".
"Ahora, nuestro drama es que somos un país con un patrón de dependencia de las importaciones y, en medio de un ataque especulativo y de guerra económica, el gobierno debe garantizar los recursos para mantener la calidad de vida del pueblo, golpeada severamente desde varios flancos", agrega.
La respuesta del Ejecutivo ha sido la reciente creación del ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, que estará a cargo de Roberto Mirabal y adscrito a la Vicepresidencia de Economía. La cartera se encargará de aplicar políticas para minimizar el impacto ecológico de la minería y conducir el proceso de certificación de reservas.
"Venezuela va a iniciar un proceso de desarrollo acelerado con un concepto ecológico -acompañado con las comunidades indígenas- del oro, diamante, el cobre, el coltán", expresó el mandatario el pasado martes desde el canal estatal.
Mientras avanza el proceso, el gobierno continúa en su ofensiva junto a los miembros de Opep y Rusia por estabilizar los precios de su principal producto de exportación. Esta semana, la cesta venezolana tocó los 40 dólares por barril, una cotización que no lograba desde octubre de 2015 por el deterioro del mercado y que ha contribuido, en medio de la severa coyuntura política y económica, a transmitir algo de optimismo al país.
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