Según Peña Nieto, la reforma de la Constitución está destinada a autorizar la participación de capital privado en la industria energética a través de contratos de utilidad compartida, pero prevé que los hidrocarburos continúen como patrimonio exclusivo de la nación. Reafirmó, además, que las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se venderán ni se privatizarán. La iniciativa dividió tanto al sector político como a la sociedad en general, generando uno de los debates más tensos de la última década.
"Si aprovechamos esta gran oportunidad se crearán miles de nuevos empleos y con mejores salarios.Bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios", argumentó el mandatario defendiendo la iniciativa de su Gobierno.
"Toda vez que esto pasa a manos privadas, lo natural es que se quiten los subsidios y los precios se van a la alza. La excusa que nos van a dar es que los precios internacionales están a la alza o que los insumos aumentaron", se opone, por su parte, Clemente Hernández Rodríguez, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (estado de Nuevo León, México), según recoge el diario mexicano 'El Informador'. Hernández advierte, además, sobre los altos riesgos de corrupción y destaca la necesidad de la transparencia total del proceso.
Grupos de izquierda, como el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), anunciaron una serie de protestas callejeras contra la reforma. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que no apoyará modificación alguna a la Constitución. El Partido Acción Nacional (PAN), por su parte, requiere unos cambios más profundos. El partido de Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI), se compromete a salir a las calles para explicar la reforma a la gente.
Según advierten los expertos, no será fácil ganar apoyo popular para la iniciativa. Una encuesta de la consultora de opinión pública Parametría reveló que el 49% de los mexicanos está en contra de que empresas privadas participen en la industria petrolera. Cabe recordar que en 1938 el entonces presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación del crudo, hecho que puso fin al abuso extranjero de los recursos naturales nacionales y es interpretado como la mayor gesta heroica del siglo XX -después de la Revolución-.
"El petróleo en México no es solamente un recurso que genera una cuantiosa fuente de ingresos, es también un símbolo de identidad nacional", acentuó Fabio Barbosa Cano, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en comentarios a BBC Mundo. "No creemos que la esencia histórica de los mexicanos esté en quién saque el petróleo, lo que importa es cómo usa el Estado la riqueza que obtiene a través de la producción y explotación de hidrocarburos", refuta Montserrat Ramiro, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), ante la BBC.
Según el diario 'Financial Times', la iniciativa de Peña Nieto es potencialmente la mayor reforma en el país desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. El diario subraya que la paraestatal Pemex, el séptimo productor del petróleo más grande del mundo, tuvo su producción reducida en una cuarta parte en los últimos 10 años (hasta menos de 2,6 millones de barriles diarios) debido a la falta de la financiación adecuada. El líder del Consejo Coordinador Empresarial de México, Gerardo Gutiérrez Candiani, a su vez, calcula que la apertura del sector energético llevaría inversiones privadas de entre 50.000 millones y 70.000 millones de dólares anuales. Este montante podría "cambiar el rostro de México", insiste, según recoge 'El Informador'. Las autoridades mexicanas, por su parte, insisten en que su iniciativa significaría la producción de 3 millones de barriles diarios dentro de cinco años y 3,5 millones de barriles diarios para 2025.
México cuenta con 115.000 millones de barriles de reservas de petróleo, una cifra comparable con las de Kuwait, y poco más de la mitad de estas reservas son no convencionales, incluido el gas de esquisto. Según especialistas del propio Pemex, las inversiones y nuevas tecnologías podrían añadir 27.000 millones de barriles de crudo de las profundidades marítimas a las reservas probadas de la nación.