La querella ha sido presentada por un grupo de abogados suecos en nombre de 707 personas residentes en las afueras de la ciudad chilena de Arica. Se refiere a los hechos que ocurrieron entre los años 1984 y 1986, cuando los empresarios suecos enviaron a Chile unas 20.000 toneladas de material contaminado con mercurio, plomo y arsénico en barriles metálicos.
El destinatario, la firma chilena Promell, debía de tratar los residuos pero nunca cumplió con su misión y años más tarde se declaró en quiebra. A su vez, la minera sueca, según sostienen los demandantes, era consciente de que la empresa chilena no tenía ni los medios ni las instalaciones apropiadas para tratar los desechos, pero no hizo nada para evitar el desastre.
Durante los años 1990 se descubrieron importantes problemas de salud entre los habitantes de Cerro Chuño, uno de los poblados colindantes con Arica. La demanda presenta centenares de casos documentados de cáncer, dolencias articulares y óseas, tos crónica y otras dificultades respiratorias.
"En el área donde hemos vivido nuestras vidas, hemos sido impactados por un número inusual de cánceres, malformaciones congénitas y abortos espontáneos", reza una carta adjuntada a la querella, que ha sido publicada por el periódico sueco 'Dagens Nyheter'. "Nos preguntamos quién será afectado la próxima vez. ¿Un niño? ¿Una hermana? ¿Los parientes de alguien?".
Boliden rechaza cualquier responsabilidad por la fuga de los residuos tóxicos y culpa a Promell de todo lo sucedido. Sostiene que le pagó para deshacerse de los desechos de conformidad con el contrato.
No es el único proceso abierto contra Boliden. Su filial en España también protagonizó un desastre industrial después de un vertido de lodos tóxicos en el río Guadiamar y los embalses subterráneos del Parque Natural de Doñana, en Andalucía, que se produjo en 1998. El pleito permanece pendiente, después de varios fallos contradictorios de distintas instancias del poder judicial español.