Será un monto que el Gobierno del país pagará sin condición alguna a cualquier ciudadano, tenga o no un trabajo e independientemente de su situación económica general. El pasado 4 de octubre los impulsores de la iniciativa entregaron más de 126.000 firmas a favor de organizar un referéndum nacional sobre el tema a la Cancillería Federal del país. Desde el año 1981, los suizos tienen el derecho de solicitar un referéndum sobre cualquier tipo de cuestión si logran recaudar 100.000 firmas. Los resultados tienen efecto legislativo. Ahora, las autoridades tienen 5,5 años para organizar la votación nacional, aunque los activistas pronostican que el referéndum podría tener lugar ya en 2014.
En caso de aprobarse la iniciativa popular, el proyecto costará al presupuesto estatal unos 200.000 millones de francos suizos por año (unos 224 millones de dólares), casi un tercio del PIB, según calcula el diario 'Neue Zürcher Zeitung'. Sin embargo, los promotores del proyecto aseguran que esta suma no es un problema para el país, que gasta unos 70.000 millones de francos anuales (78.000 millones de dólares) en subsidios sociales. Argumentan que con la introducción de la renta básica universal (RB), el sistema burocrático —que hoy en día es necesario para decidir a quién otorgar la ayuda estatal y a quién no— dejará de existir, lo que liberará recursos adicionales.
Aseguran, además, que la RB permitirá hacer más atractivos los trabajos poco populares y mal pagados. Insisten en que un mínimo mensual garantizado no privará a la gente del deseo de trabajar, ya que la mayoría trabaja porque ve importante lo que está haciendo y siente que la sociedad valora positivamente su labor. Acentúan que la RB aumentará la productividad, ya que todo el mundo se dedicará al trabajo que realmente le guste, dejando aparte las prioridades materiales: no tendrá miedo de cambiar de trabajo y experimentar. Además, la gente tendrá más tiempo para educar a los niños y prestar asistencia a los familiares enfermos.