México goza de las sextas reservas más grandes de gas esquisto del mundo, según la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés). Su explotación, fundamental para la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, "promete la obtención de resultados similares para el lado mexicano", según la empresa Schlumberger, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, la exploración es problemática.
Los mayores yacimientos (Burgos, Sabinas-Burro Picachos, Tampico-Misantla y Veracruz) se encuentran en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, donde desde hace años opera el crimen organizado y que es región en disputa entre el cártel del Golfo y Los Zetas, los grupos más sangrientos del país. La extorsión, los tiroteos y los secuestros son habituales en estas zonas, señala 'El País'.
Por ejemplo, en abril pasado un grupo de hombres armados atacó un hotel en Ciudad Mier en la provincia de Tamaulipas, donde entre los pocos huéspedes se encontraban empleados de una empresa contratada por Pemex para la exploración. La violencia de los narcos ha hecho huir a los habitantes de Mier, donde la población bajó de más de 4.700 habitantes a apenas unos cientos.
En mayo el presidente Peña Nieto ordenó el despliegue de más tropas en Tamaulipas, uno de los estados más golpeados por la violencia, donde antes del envío de tropas hubo períodos en los que se contaron hasta decenas de muertos en distintos tiroteos. El secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong, hace unos días afirmó que la violencia ha empezado a bajar, pero la ONG Observatorio Nacional Ciudadano acusó al Gobierno de maquillar los datos.
Sin embargo, la riqueza de los yacimientos hace que los riesgos no desalienten a las empresas exploradoras. "Las grandes empresas transnacionales están acostumbradas a trabajar en ambientes mucho más hostiles que México. Está el caso de los países africanos, por ejemplo", afirma Duncan Wood, director del Instituto México del Woodrow Wilson Center.
Su opinión corresponde a la de Miriam Grunstein, abogada e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas: "No me sorprendería si la delincuencia organizada empieza a pedir una extorsión a las empresas, ¿cómo van a decir que no? Algunos dirán: 'Yo no voy a Tabasco, yo no voy a Veracruz, yo no voy a Tamaulipas' porque no les quiero pagar; pero otros dirán 'yo voy y les pago'", explica. "Cuando hay un 'boom' en la industria empieza a llegar mucho dinero y hay más incentivos para atacar a través de la extorsión y el secuestro".