El Gobierno de Grecia aprobó por unanimidad el nuevo plan de ajuste para 2012–2015 por un valor de 28.400 millones de euros reclamado por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de su ayuda financiera.
El paquete de austeridad supone la introducción de nuevos impuestos, la reducción de los salarios del sector público, la difusión de los programas del empleo voluntario de medio tiempo, la disminución de pensiones, la cancelación o la reducción de los casos de exenciones fiscales y el aumento de gravámenes sobre la propiedad o posesión de bienes inmuebles.
En particular, el proyecto de ley supone que por cada diez personas que se jubilan en el sector público este año se contratará solo un nuevo empleado, y luego, hasta el año 2015, por cada cinco personas jubiladas se contratará un nuevo trabajador. El número de horas de trabajo por semana aumenta de 37,5 hasta 40.
Entre otras cosas, se prevé una disminución de los gastos operativos del sector público en un 7%, la fusión y liquidación de diversos servicios y agencias gubernamentales, el incremento de tarifas del transporte, la introducción de impuestos especiales para restaurantes, clubes y otros establecimientos.
El IVA sobre alimentos sube desde el 13% hasta el 23% desde el 1 de septiembre, aumentan los gravámenes de transporte, se introducen impuestos especiales para los propietarios de bienes inmuebles costosos, yates y piscinas.
Tras autorizar el programa, el primer ministro griego, Giorgios Papandreu, dijo que el país se encuentra en una etapa crítica.
Con estas medidas y la privatización de activos estatales, Grecia intenta disminuir la enorme deuda pública que excede los 500.000 millones de dólares, y mostrar su propensión a cumplir con sus obligaciones para recibir un nuevo paquete de rescate de la UE y el FMI.
El plan de austeridad provocó una ola de indignación por parte de los sindicatos griegos que participan en las manifestaciones en Atenas. Los manifestantes convocaron a una huelga general el próximo miércoles contra lo que consideran la "liquidación" del país.