Cuba autorizó nuevas modalidades de créditos bancarios al sector no estatal con el objetivo de impulsar los negocios privados, siguiendo el rumbo de las reformas emprendidas por el presidente Raúl Castro para reactivar la economía de la isla.
Según la nueva normativa, a partir del 20 de diciembre, los denominados 'micronegocios', así como los pequeños agricultores, podrán solicitar en los bancos del país préstamos en moneda nacional. También se podrán tomar créditos para comprar materiales de construcción y pagar mano de obra para reparar y rehabilitar las viviendas.
Según la nueva política de créditos, los importes y plazos para la amortización de los préstamos se acordarán entre el solicitante y la institución financiera, y será el Banco Central quien regule los rangos mínimos y máximos de las tasas de interés. Los créditos se concederán en pesos cubanos después de que el banco analice las posibles fuentes de amortización, los ingresos personales lícitos, la capacidad de pago o las posibilidades de negocio para el que solicita el préstamo.
En el caso del sector agrícola, podrán solicitar créditos por un importe mínimo de 500 pesos (20,8 dólares) quienes sean propietarios o arrendatarios de tierras, y deberán ser para la compra y reparación de equipos y medios de trabajo "u otras acciones que contribuyan a elevar las producciones agropecuarias".
Además de promover los créditos, las nuevas disposiciones ofrecen al sector no estatal cubano un amplio abanico de servicios bancarios como cuentas corrientes o posibilidades de pago mediante distintos tipos de cheques, transferencias, tarjetas de débito o crédito, letras de cambio o pagarés.
Los trabajadores por cuenta propia y de otras formas de gestión no estatal pueden endeudarse para financiar la compra de bienes y para "un mejor desempeño de la actividad" por una cuantía que como mínimo debe ser de 3.000 pesos cubanos (unos 125 dólares).
En las últimas semanas se han anunciado también otros ajustes de calado, como la apertura del mercado de viviendas y coches entre particulares o la posibilidad de que los campesinos vendan directamente sus productos al sector turístico, lo que abre una fisura en el monopolio estatal de la comercialización agropecuaria.