Los ministros de finanzas de Europa consideran insuficientes las severas medidas de ajuste que está dispuesta a adoptar Grecia para recibir el siguiente tramo de ayuda al país, después de que los líderes políticos griegos lograran acordar los pasos a tomar para reducir el gasto público.
Exigen al país que ahorre 325 millones de euros adicionales, mientras la población no deja de manifestarse en todo el país en contra de estas medidas de austeridad. Por esta razón, el ministro de Trabajo de Grecia ha presentado su dimisión y los sindicatos nacionales anuncian unan nueva huelga general, en esta ocasión de 48 horas.
Mientras tanto, los expertos indican que la austeridad severa no se aplica para aliviar la situación económica sino para beneficiar a los “tiburones” del capitalismo.
“Los beneficiarios de estas medidas son muy claros, son los grandes bancos, las grandes empresas y los grandes capitales. Los datos en toda Europa sobre la destrucción de una renta, sobre el incremento de la pobreza y la desigualdad en los últimos dos, tres, cuatro años muestran claramente que no es una casualidad y los dirigentes de la UE sirven de esta manera tan vergonzosa a los intereses de los más ricos que se están beneficiando de las medidas que adoptan”, le dijo a RT el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López.
Además, el Parlamento debe aprobar el 12 de febrero el correspondiente paquete de reformas y los dirigentes de los partidos políticos deben garantizar que los compromisos se cumplan después de las elecciones que se celebrarán en abril.
Pero eso no es todo: el Eurogrupo insiste en la presencia de sus representantes en Grecia, para que garanticen una venta más eficaz de los activos estatales y un aumento en la recaudación de impuestos.
Además, en un futuro próximo Grecia tendría que afrontar un nuevo requisito. En una reunión de ministros de finanzas también discutieron un plan propuesto anteriormente por Alemania y Francia que implicaría la creación de una cuenta de garantía especial para el pago de las deudas griegas.
Los expertos señalan que esa medida podría ser una intrusión sin precedentes en los asuntos financieros de un Estado soberano en Europa.