En la primera etapa de reestructuración y racionalización en el sector público empresarial, el Gobierno español ha tomado la decisión de cerrar 24 sociedades mercantiles estatales con el fin de reducir el gasto público. Además, se informa sobre la pronta desnacionalización de 21 empresas estatales.
Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz, la medida fue dictada por la necesidad de "poner orden en casa" y precisó que con ella complementan otras iniciativas aprobadas anteriormente por el Ejecutivo como la limitación de las indemnizaciones cuando cesan su actividad los directivos del sector público, la limitación de consejeros o la retribución de presidentes y personal directivo.
El Gobierno de Mariano Rajoy mantiene que en el país hay decenas de organizaciones estatales que se duplican entre sí. Así, por ejemplo, en España hay dos empresas estatales, Acuasur y Acuanorte, que se dedican al suministro de agua a la población de la península.
Según un nuevo inventario de las autoridades españolas, existen 228 instituciones estatales a nivel central que serán recortadas o sometidas a fusión, de forma que no queden más de 80 entidades.
El panorama aún más deprimente se registra en las comunidades autónomas y municipios, que cuentan con 2.372 agencias gubernamentales, 626 fundaciones, así como más de mil consorcios.
En la primera etapa de la reforma administrativa el nuevo Gobierno tiene previsto despedir alrededor de 154 jefes y consejeros de las organizaciones estatales, lo que permitirá ahorrar cerca de 2 millones de euros al año.
Este año España, que vive una crisis económica profunda, debe recortar por valor de 32.000 millones de euros para poder reducir el déficit público desde el 8,5 % del PIB con que cerró 2011, hasta el 5,3% designado por la UE.