Inicialmente, el Estado heleno debía cambiar bonos de inversores privados por otros de menor valor y así soltar un lastre de 100.000 millones de euros. Esta operación debía salvarla de la quiebra.
A este canje adhirió, sin saberlo, el alemán Peter Moritz. Otros pensionistas como él, invirtieron en bonos soberanos griegos. Lo hicieron aconsejados por sus respectivos bancos pero luego descubrieron que sus ahorros se habían esfumado.
"Estaban buscando a personas como yo. Mayores, retirados, con el pelo canoso, un poco locos y quizás a punto de ir al hospital. Y te decían que no había ningún riesgo", cuenta Moritz.
Supuestamente el bono soberano de un país es una de las opciones más seguras para invertir, pero no es el caso Grecia que lleva tiempo sin poder capear la tormenta financiera que atraviesa.
"Estas inversiones normalmente constituyen el dinero que tienen los retirados para sus familias o para su tratamiento médico. En gran cantidad de casos, estas personas dependen mucho de estas sumas", afirma el abogado alemán Matthias Gröpper.
Algunos de los pensionistas aseguran que la inversión en bonos griegos fue "tan voluntaria como una confesión ante la Inquisición española". Por eso, los abogados consideran que fue un consejo fraudulento. "Esto fue un acuerdo entre Grecia y Alemania. Este dinero se suponía que estaba asegurado de cualquier riesgo político. No está claro por qué los inversores privados tienen que ser responsables de esos juegos políticos", dice a su turno la abogada Elena Mayer.
Imagen: AFP/ Thierry Charlier
Los inversores aseguran que canjear sus bonos por otros de menor valor es una decisión ilegal e inconstitucional. Por eso, la demanda no solo se dirige contra los bancos, sino también precisamente contra los Estados germano y griego. Son los daños colaterales de una depresión económica que los ciudadanos del país heleno viven en carne propia desde su inicio. Algunos, sin embargo, se niegan a padecer las consecuencias de las malas decisiones de la élite política y económica del país.