Se planea terminar la construcción del paso en un plazo máximo de 10 años y a un costo de 30.000 millones de dólares. La ley fue considerada como "histórica" por los legisladores nicaragüenses y establece que el canal será controlado por una empresa mixta de carácter público y privado, en la que el Estado será dueño del 51 % de las acciones y de las ganancias, y ofrecerá el restante 49% a inversores que podrían ser países, organismos internacionales o personas naturales o jurídicas.
El canal estaría en capacidad de dar paso a grandes buques de hasta 250.000 toneladas y tendrá una extensión de 286 kilómetros y una profundidad de 22 metros, en comparación con el Canal de Panamá que solo tiene 12,5 metros.
Recientemente, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega señaló que Rusia, China, Brasil y Venezuela tienen la intención de participar en la financiación de este proyecto.
El canal "pretende ofrecer una vía de comunicación alternativa para todo el mundo" y también proporcionará "una fuente de desarrollo para el pueblo nicaragüense, sostenible y perdurable, que le permita erradicar la pobreza", dijo la presidenta de la Comisión de Infraestructura del Legislativo, Jenny Martínez.
Los expertos afirman que este proyecto indudablemente completará y mejorará el sistema de transporte y va a contribuir a una gran generación de empleo, a una aceleración del crecimiento económico y a la atracción de más inversión extranjera para el país.