Al conocer la noticia el primer ministro, Pedro Passos Coelho, dijo que "habrá que encontrar una medida en términos presupuestarios equivalente a esta para los próximos presupuestos generales".
En la práctica, sus palabras se traducen en la posibilidad de que a partir del año que viene la eliminación de los pagos extra se extienda también al sector privado. “Los recortes salariales en todos los empleados públicos son anticonstitucionales en la medida en que establecen una diferencia de trato con los trabajadores del sector privado. Naturalmente, esto inmediatamente lo ha entendido el Gobierno de la peor manera”, detalla el analista Juan Domingo Sánchez.
Según Sánchez, "son anticonstitucionales en cualquier país democrático en la medida en que dan prioridad a los intereses del capital financiero respecto de los intereses de la ciudadanía". No solo hay que ir de las calles a los tribunales, hay que combatir en distintos planos y por distintos métodos, añade el experto.
La medida anulada consistía en anular las pagas extra de verano y Navidad para los funcionarios públicos y jubilados que ganasen más de 600 euros mensuales. Con el plan de ajuste, el Gobierno portugués quiere cumplir con los objetivos del rescate y con el déficit previsto para este año. En agosto y septiembre el Estado luso será inspeccionado por los representantes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea.