Según la cifra de la Oficina de Regulación Financiera de Florida, en 2011 en los bancos de Miami estaban depositados, al mínimo, 14.000 millones de dólares provenientes del exterior. Las nuevas regulaciones que obligarán a informar sobre los activos extranjeros entrarán en vigor a finales de año. La idea es fortalecer la cooperación con las autoridades judiciales de otros países, algo que presupondrá, por una parte, informarlas sobre los activos que sus ciudadanos tengan en EE. UU. y, por otra parte, tener su apoyo para localizar activos no declarados de ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
Los bancos, en respuesta, insisten ante el Congreso estadounidense que la iniciativa de Hacienda debe demorarse, al menos, hasta que la tasa de desempleo en el país no caiga hasta un 6%. Según explican, las nuevas regulaciones ponen a numerosas entidades financieras en peligro de quebrar: para muchas de ellas los depósitos extranjeros son una importante parte de su capital que le sirve para mantenerse a flote, conceder préstamos e invertir. Acentúan que cuanto menos dinero tengan los bancos, más graves serán las consecuencias para la economía local. Calculan que disminuirán los préstamos, los negocios dejarán de crecer y el desempleo aumentará.