Las tierras argentinas en manos extranjeras equivalen al territorio de El Salvador

Según la cifra oficial, los mayores propietarios del suelo rural argentino son empresas estadounidenses (con 461.353 hectáreas) e italianas (con 455.322 hectáreas formalmente registradas). “Se ha hecho un abuso brutal de la apropiación de tierras en Argentina”, insistió ante RT Amancay Ardura, coordinador nacional de Corriente Clasista Combativa (CCC), una agrupación sindical argentina impulsada por el Partido Comunista Revolucionario.
 
El 1 de septiembre expira el plazo dado por la reciente Ley de Tierras para que los extranjeros declaren los terrenos rurales de su propiedad. El mismo día la Ley, aprobada el pasado diciembre, entrará en vigor. Según el Ministerio de Justicia, su misión será "proteger los recursos naturales argentinos como política estratégica del país en un contexto global de crecimiento demográfico y aumento de la demanda alimentaria y energética".

Más concretamente, la nueva legislación establece que el porcentaje de territorio argentino en manos foráneas no puede superar el 15% del territorio nacional y ninguna nacionalidad puede copar más del 30%. Prohíbe, además, que los extranjeros, sea una compañía o una persona, compren más de mil hectáreas por región.

Pero según el impulsor de la iniciativa, el diputado de la opositora Unión Cívica Radical, Pablo Orsolini, la normativa no es suficiente para recomponer la dramática situación de las poblaciones autóctonas. Las compañías foráneas “están expulsando a pobladores originarios y también a criollos que no son propietarios, pero que ocupan la tierra desde hace mucho tiempo”, acentúa. Insiste en que “la ley debería frenar los desalojos” o “realojarlos” (a los autóctonos), ya que ellos “tienen derechos adquiridos sobre la tierra al llevar generaciones viviendo en ella”.

Otro aspecto del problema es que la nueva normativa estipula regulaciones para las compras futuras, pero no vulnera derechos ya adquiridos. Aparte, “cualquier empresa puede usar un testaferro y ponerlo como propietario nacional. Además, no hace falta comprar. En las condiciones actuales de funcionamiento del agronegocio, a los grandes productores les vale con arrendar la tierra y el precio que pagan así es muy inferior a la compra”, advierte Carlos A. Vicente, responsable para América Latina de la ONG internacional Grain, dedicada a apoyar a los pequeños agricultores.