La reforma pretende que el coste de la reestructuración y liquidación de entidades corra a cargo de sus accionistas y bonistas para "minimizar el impacto en los recursos públicos, es decir, en el dinero de los contribuyentes".
En el marco de la reforma será creado el 'banco basurero', una sociedad de gestión a la que transferir los activos dañados de las entidades bancarias que necesitan ayuda. El valor de los activos dañinos se estima en unos 180.000 millones de euros. El nuevo organismo estará controlado por el banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y tendrá hasta 15 años para vender todos los activos tóxicos.
La reforma elevará los requisitos de solvencia de las entidades bancarias del 8 al 9 %, un porcentaje que hasta ahora sólo se exige a los cinco grandes bancos (Banco Santander, BBVA,Banco Popular, La Caixa y BFA-Bankia).
“Esta reforma culmina el proceso de saneamiento del sector financiero e impulsa el crecimiento económico y el empleo”, subrayó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría al presentar en conferencia de prensa esta reforma. Además, esta medida -dijo- “dinamizará el sector inmobiliario”, de tal forma que los bancos tengan la posibilidad de sacar a la venta el gran número de viviendas que han quedado en sus manos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró en la misma conferencia de prensa que el objetivo de esta reforma financiera es que sea uno de los "elementos fundamentales para salir de la crisis" y que "no cueste un euro al contribuyente".
La reforma, que es una exigencia de Bruselas para otorgar hasta 100.000 millones de euros de ayuda a la banca, da amplios poderes sobre el FROB.
La aprobación de esta reforma coincide con la degradación del rating al nivel bono basura, de "BBB-" a "BB", del banco Cataluña, según anunció hoy la agencia de calificación Standart&Poor's . Este hecho sólo confirma la tensión que experimenta en el momento el sector financiero de España.