Las dudas respecto a la solvencia del país aparecieron después de que Buenos Aires perdiera ante la justicia estadounidense el pleito que mantenía con unos inversionistas que Argentina califica de "fondos buitre". Estas organizaciones reclaman el pago de parte de la deuda externa que Argentina dejó de abonar en 2002.
Sin embargo, el Gobierno declaró que no va a respetar el fallo judicial. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, sostiene que Argentina seguirá pagando sus deudas "al 93% de los acreedores que entraron al canje, en dólares, euros y yenes, como corresponde. Pero jamás vamos a pagarles a los fondos buitres”.
Con el canje, Lorenzino se refiere a la reestructuración de la deuda externa de Argentina llevada a cabo después de la crisis financiera que atravesó el país entre los años 1999 y 2002.
El viernes, el juez Thomas Griesa, de un tribunal de apelaciones de Nueva York, determinó que Argentina había discriminado a varios tenedores de bonos al no abonar sus cupones. El juez afirmó que el país viola una cláusula del contrato de los bonos basada en el 'principio de Pari Passu', que exige un tratamiento igualitario de todos los acreedores.
El fallo beneficia a los fondos NML, Aurelius, ACP Partner, Blue Angel y Olifant Fund y 13 más, que se negaron a ingresar en los canjes propuestos por el país latinoamericano y presentaron una demanda judicial contra éste en las cortes de diferentes países.