Detroit, que lleva en crisis financiera varios años, ha perdido una cuarta parte de su población en la última década y se enfrenta a una disminución de la industria automotriz, que ha reducido los ingresos fiscales. El estado de Michigan, donde se encuentra la ciudad, sugirió al alcalde contratar a un asesor financiero y a cambio recibir 30 millones de dólares a finales del año.
Sin embargo, el Consejo votó por retrasar la decisión sobre la contratación, que supondría el pago a la empresa Miller Canfield Law Firm de 300.000 dólares por asesorar al alcalde Dave Bing. La negativa a autorizar el asesoramiento se debe a las sospechas de que Miller Canfield tiene conflictos de intereses, ya que la firma maneja negocios de otra ciudad.
"Como resultado [del rechazo], será más difícil que la ciudad mantenga su liquidez hasta la obtención de los ingresos del impuesto predial en enero. La votación de hoy es un ejemplo más de cómo el Ayuntamiento ha paralizado nuestros esfuerzos por llevar la estabilidad financiera a la ciudad de Detroit", dijo Bing en un comunicado.
Si no se alcanza un acuerdo en las próximas semanas, los empleados públicos serán los más afectados. Los únicos trabajadores de la ciudad que podrían seguir cobrando son los policías, los bomberos, los empleados de correos y los empleados de la agencia tributaria local.
"Si no detenemos esto, no quedará nada de la ciudad de Detroit", declaró al periódico 'The Detroit Free Press' Michael Mulholland, secretario tesorero de la Federación Estadounidense de Empleados de la Administración Central, del Condado y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés).