La ley permite al Gobierno cumplir con una de las medidas de austeridad sugeridas por el grupo de acreedores internacionales, conocido popularmente como la Troika. El proyecto recibió en la votación el apoyo de los tres partidos que componen la coalición gobernante: Nueva Democracia, Izquierda Democrática y el PASOK.
A partir de la nueva norma la base impositiva se expande a nuevos grupos de contribuyentes, otrora excluidos, como los agricultores de bajos ingresos. Se incrementa también la presión fiscal sobre los trabajadores autónomos.
La subida todavía puede considerarse ‘flexible’ para los griegos con ingresos menores a 42.000 euros anuales (56.000 dólares), pero el tope de la graduación se reduce hasta esta cifra y todos por encima pagarán al Estado lo mismo: el 42% de su retribución.
Anteriormente la gente con más de 100.000 euros de ganancias anuales (132.000 dólares) desembolsaba el 45%. En este sentido, la Coalición de la Izquierda Radical griega (SYRIZA) y otros grupos opositores, que votaron en contra de la ley, consideran que esta medida “favorece a los más ricos” y “demuele a la clase media del país”.
A su vez, el Gobierno argumentó que la ley “estimulará a los emprendedores” y “evitará la evasión fiscal”. En caso de no aprobarse el cambio del sistema tributario, sostuvo el ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, el Gobierno griego habría tenido que economizar los mismos 2.300 millones de euros (3.000 millones de dólares) en jubilaciones y salarios. Por eso, dijo, el ahorro se hace “de un modo socialmente justo”.