Los agentes, a petición de la fiscalía, tenían como cometido garantizar que la planta de almacenamiento de gas denominada Castor se encontraba paralizada. Desde hacía algunos días la preocupación de los ciudadanos de la zona había ido en aumento debido a la sucesión de varios terremotos de hasta 4,2 grados de magnitud. En pocas horas el terremoto físico derivó en terremoto político, con el ministro de industria español dando explicaciones ante los medios de comunicación y un revuelo generalizado en la opinión pública del país.
Las sospechas recayeron en la primera inyección de gas en el subsuelo realizada desde las instalaciones del proyecto Castor, un almacén subterráneo de 1.900 millones de metros cúbicos de capacidad que utiliza un antiguo pozo de petróleo agotado como receptáculo.
Se trata de un proyecto dirigido por la empresa Escal UGS, que está participada aproximadamente en un 66 % por la constructora ACS y en un 24 % por la compañía canadiense Dundee Energy limited. ACS, liderada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es la mayor constructora española y, al igual que otras muchas empresas que fomentaron la fiesta de la burbuja inmobiliaria, es en la actualidad una mercantil asfixiada por la deuda.
La época dorada del ladrillo y el dinero fácil propició un jolgorio de proyectos desproporcionados y licitaciones públicas que aseguraban beneficios rápidos para algunos grandes empresarios bien relacionados con los diferentes poderes a nivel nacional, autonómico y local. La sensación de impunidad, tan propia de los ambientes donde la especulación campa a sus anchas, pronto envalentonó a los promotores que tenían que aguantar las protestas de aquellos que se oponían a este tipo de infraestructuras. En el año 2008 el director de Escal UGS, Recaredo del Potro, dejaba claro en una entrevista concedida a un diario local que nadie iba a parar la locomotora que él mismo conducía:
"El proyecto es urgente y de utilidad pública y si es necesario expropiar, se hará. No nos para nadie, siempre que tengamos todas las autorizaciones. Si se puede hablar y llegar a acuerdos, perfecto, pero se expropiará si no hay entendimiento. Garantizamos beneficio para todos".
En ese mismo año 2008 un monográfico sobre Seguridad Energética editado por el Ministerio de Defensa español destacaba la importancia del proyecto Castor para asegurar las reservas estratégicas del Estado español ante una eventual crisis de aprovisionamiento de hidrocarburos.
Y es que España es un país que depende casi completamente del exterior en lo que se refiere a las provisiones de gas natural y petróleo. Argelia (36,9%), Nigeria (18,6%) y Catar (12,9%) son los principales proveedores de gas de España, un país alejado de los ductos que desde Rusia y Asia Central aprovisionan al norte y centro de Europa. En este sentido, el gasoducto del Magreb, que une a España con los campos de producción argelinos a través del estrecho de Gibraltar, es un cordón umbilical esencial para el aprovisionamiento del país y, también, aunque en menor medida, del resto de Europa.
El elevado coste del proyecto, que en plena crisis económica será repercutido en la factura de gas de los consumidores españoles, está siendo puesto en cuestión tras las sospechas de sismicidad inducida por esa infraestructura. Cinco años más tarde, el "beneficio para todos" con el que Recaredo del Potro acompañaba la amenaza de expropiaciones ha cristalizado en una serie de terremotos y en una plataforma paralizada bajo el escrutinio de la Guardia Civil.
Cuando el ser humano provoca terremotos
Las inyecciones de gas en el subsuelo son una de las principales causas de la sismicidad inducida, el concepto utilizado para definir la capacidad que tienen ciertas actividades humanas para desencadenar terremotos o incrementar los riesgos sísmicos.
La inyección de fluidos o gases en el subsuelo no es, desde luego, la única actividad humana que puede aumentar el riesgo de terremotos. La fractura hidráulica o fracking, el llenado de embalses o la sobreexplotación de acuíferos son algunas de las acciones humanas que se relacionan con terremotos. Sin embargo, la complejidad de los fenómenos geológicos dificulta en gran medida establecer una relación causal entre estas actividades industriales y los seísmos, ya que los terremotos se deben a una liberación repentina de fuerzas acumuladas en las fallas a lo largo de décadas, siglos o milenios. Determinar si el aumento de presión provocado por un uso industrial del subsuelo es el desencadenante de los movimientos de tierra no es, pues, una tarea sencilla.
La primera evidencia científica de esta correlación entre inyección y terremotos se remonta a los años sesenta del siglo pasado, cuando el geólogo estadounidense David Evans demostró que una serie de seísmos en torno a Denver (Colorado) fueron provocados por la inyección de residuos líquidos a 3.600 metros de profundidad desde el Arsenal de las Montañas Rocosas, una instalación de armas químicas del Ejército de los Estados Unidos.
En el caso del almacén Castor, y a la espera de estudios detallados, la correlación parece muy probable. La primera inyección, de junio de este año, solo conllevó el llenado de 100 millones de metros cúbicos de gas de los 600 millones previstos a modo de "gas colchón", una capa necesaria para que el enorme pozo que antes ocupaba el petróleo pueda ser reutilizado como almacén de gas.
Según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional, entre el 16 de septiembre y el 10 de octubre de 2013 se sintieron 31 terremotos en territorio español. 15 de ellos se localizaron en el área del Golfo de Valencia, una zona afectada por la falla Amposta en la que se asienta el proyecto Castor. Esos 15 terremotos fueron, junto a otro seísmo registrado en la provincia de Sevilla, los de mayor intensidad en toda la península en ese periodo de tiempo, con magnitudes de entre 2.9 y 4.2 grados.
Pese a asentarse sobre una falla geológica, y a pesar de las advertencias de científicos, ecologistas y colectivos vecinales, el proyecto Castor no necesitó ningún estudio sísmico para su puesta en marcha. Ahora se duda del a viabilidad del proyecto e incluso desde el gobierno español se baraja su paralización definitiva. Probablemente los 1.200 millones de euros invertidos, en riesgo de volatilizarse como un gas no licuado, repercutirán en el bolsillo de una cada vez más depauperada población española, obligada a pagar de nuevo los platos rotos de la fiesta del ladrillo que acabó hace años. Pero ante todo, el caso Castor es una nueva advertencia sobre lo poco que en ocasiones sabemos sobre el verdadero impacto de este tipo de actividades, como la inyección de CO2, gas e incluso aguas residuales. Esconder la suciedad debajo de la alfombra no parece, tampoco en este caso, la solución más sensata.