El Gobierno mexicano apuesta por la 'Ley de seguridad interior' en el marco de su guerra contra el narcotráfico, que se prolonga por más de una década y se ha cobrado un sinnúmero de víctimas. Distintas organizaciones se muestran disconformes con esta ley, la más importante en décadas, que otorga mucho poder a las Fuerzas Armadas, pero no apoya a la Policía.
El año 2006, cuando llegó al poder el presidente Felipe Calderón, fue el más pacífico en la historia de México, pese a lo que se tomó la "decisión infundada" de desplegar a las fuerzas armadas, recuerda Jorge Javier Romero, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Según él, lo que hizo este "gran fracaso de la política pública" fue "incrementar la violencia, fragmentar a los cárteles y mantener al narcotráfico a los mismos niveles o mayores que antes". En su opinión, para combatir al narcotráfico habría que abolir la política prohibicionista, que –sostiene– es "una estupidez", pues permite a las organizaciones criminales de acumular originariamente los recursos.
Por su parte, Eduardo Guerrero, consultor en temas de Seguridad Pública, opina que "las fuerzas armadas tienen mucha más credibilidad que cualquier policía", lo que justifica la necesidad de la ley, que, si bien dará un marco legal a la acción de las fuerzas armadas, "está mal redactada y tiene muchos problemas técnicos", puntualiza. Según él, es necesario que los militares combatan al narcotráfico, ya que existe un gran déficit policial y de equipamiento, pues tienen que hacer frente a células criminales cuasi militares que poseen incluso misiles.
Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional opina que lo que buscan los militares con esta ley es que "se les acote su participación" y "se genere la responsabilidad pública", porque actualmente "el país victimiza a sus criminales y criminaliza a sus Fuerzas Armadas". México es uno de los países que menos gastan en defensa, un 0,49% del PIB, mientras que la justicia militar tiene un 98% de efectividad contra la nula efectividad de la justicia civil, recuerda.